Economía social, clave para la inclusión laboral en América Latina: líderes lo afirman desde el foro OCDE en Barranquilla
Experiencias de República Dominicana, Colombia y organismos multilaterales marcaron el panel “The Social Economy and Routes to Economic Inclusion”, centrado en el fortalecimiento de las economías populares, el rol de las cooperativas y la construcción de políticas públicas con enfoque territorial.
Desde Barranquilla, el panel abrió un diálogo clave sobre cómo la economía social puede ser una herramienta real para la inclusión laboral en América Latina. Realizado en el Gran Malecón como parte del Foro OCDE 2025, este espacio reunió a líderes institucionales, representantes de organismos multilaterales y voceros de movimientos sociales comprometidos con la formalización desde la base.
La moderación estuvo a cargo de Amal Chevreau, jefa de la Unidad de Economía Social e Innovación de la OCDE, quien señaló: “No se puede hablar de inclusión sin valorar a quienes históricamente han sostenido la economía desde la informalidad”.
Desde República Dominicana, Mayrenis Corniel, viceministra de Trabajo, compartió logros como la creación de 1.095 cooperativas entre 2020 y 2024 —muchas en el sector agropecuario— que hoy permiten a pequeños productores acceder a mercados más amplios, obtener insumos y mejorar sus condiciones de comercialización. Además, subrayó la importancia de contar con marcos migratorios claros, apoyados en tecnología, que garanticen el acceso ordenado y seguro para personas en situación de movilidad.
Por Colombia, Ángela María Penagos, directora de la CEPAL, propuso entender la economía popular como una categoría política, no solo técnica, y resaltó la urgencia de legislar sobre el tema. “Una ley de economía popular y comunitaria permitiría articular la institucionalidad y dar rumbo a estas iniciativas”, afirmó. También insistió en que el acceso al crédito y a herramientas digitales es fundamental para las mujeres cuidadoras y las unidades productivas rurales.
Hans Cediel, de RIPESS LAC, hizo un llamado a replantear el enfoque tradicional de formalización: “No podemos seguir midiendo con la misma vara. Si el modelo no reconoce lo que ya funciona en el territorio, no es inclusión, es exclusión”, advirtió.
Rubin Ariel Huffington Rodríguez, subdirector del DNP, ofreció una mirada histórica e institucional sobre el tema. Destacó que el nuevo acto legislativo 0203 de 2024 abre la puerta a una redistribución de competencias entre la Nación y los territorios en sectores clave como salud, educación y acceso al agua potable. “Es hora de repensar la descentralización desde la realidad actual, no desde el centro”, expresó.
El panel cerró con una ronda de preguntas del público. Sebastián Caraballo, representante de organizaciones solidarias, preguntó cómo garantizar que un futuro plan decenal de economía social logre articularse con los entes territoriales. Corniel respondió: “Todo parte del diálogo. Pero además hay que enfocarse en el resultado, no en el producto. Si lo haces pensando en la gente, el resultado será bueno para todos”. Penagos complementó destacando la necesidad de coherencia entre los niveles de gobierno y los sectores sociales.
La sesión concluyó con un mensaje claro: la economía social no es una alternativa marginal, sino una vía estratégica para avanzar en equidad, dignidad y desarrollo con enfoque territorial.
