La Reforma del Sistema General de Participación –SGP- y el reto de desarrollo desde los territorios
Con la aprobación de la reforma al Sistema General de Participación –SGP– y la formulación de una nueva ley de competencias, que será presentada en el segundo semestre de las legislativas, Colombia entra en una fase clave para repensar el desarrollo territorial. Esta transformación busca empoderar a los gobiernos locales, como municipios y Distritos especiales para que puedan definir sus prioridades y activar motores de desarrollo según las características propias de cada región, fortaleciendo así la autonomía territorial.
Esta discusión, llevada a través del panel “Desarrollo desde los cimientos: Equilibrando la Autonomía Local y la Visión Nacional”, durante el primer día de sesiones paralelas del Foro de Desarrollo Local de la OCDE, que se desarrolla en la ciudad desde el 8 a 11 de julio del presente año, resignificó los retos que enfrenta el Gobierno central en la implementación del nuevo modelo del SGP y el desarrollo desde los territorios.
Los panelistas, entre los que se destacan expertos nacionales como el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, Diego Carrero, asesor del Ministerio de Hacienda Nacional y representantes de Chile, la CEPAL, la OCDE, y de académicos especializados en descentralización y desarrollo regional, se debatieron tres ejes fundamentales, basados en la Autonomía Territorial, los canales de desarrollo y la Gobernanza multinivel.
Carrero, experto del ministerio de Hacienda, explicó que entre los principales avances del nuevo modelo del SGP, se destaca el acto legislativo 03 de 2024 que establece que para el 2038 se debe alcanzar una participación del 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación hacia los entes territoriales.
Manifestó que el gobierno nacional reconoce que, hasta ahora, el SGP había manejado fórmulas que limitaban el crecimiento real de las transferencias y que con el nuevo modelo se proyecta un aumento entre 38 y 50 billones de pesos adicionales en transferencias para las regiones, llegando a un acumulado de hasta 290 billones para el 2038, lo que se verá reflejado en la desconcentración de los ingresos tributarios en la capital del país, así como en otras grandes ciudades, las cuales recaudan el 60% del impuesto predial a nivel nacional.
Indicó que los 952 municipios pequeños de 5.ª y 6.ª categoría, tienen muy bajos ingresos propios, siendo esta una limitante en las posibilidades de desarrollo social en cuanto a educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
Reconoce que es un reto para el Gobierno de turno que el índice Gini (que es la medida estadística que cuantifica la desigualdad en la distribución de ingresos o riqueza dentro de una población) de los ingresos municipales baje con respecto al de la tierra en Colombia que oscila en 0.94, lo que muestra una gran desigualdad.
Entre los objetivos y efectos esperados con esta reforma, está el cierre de brechas regionales, “reducir las desigualdades territoriales mediante la asignación equitativa de los recursos, así como fomentar el desarrollo local con los recursos del SGP en regiones con menos ingresos, lo que nos lleva a un crecimiento económico inclusivo de municipios pobres, con una tasa proyectada de hasta el 20%”, afirmó el funcionario nacional.
Faltan recursos y Autonomía
En ese sentido, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hizo una crítica contundente al sistema centralista del país y a la falta de una verdadera descentralización que les permita a las regiones más empobrecidas impulsar su propio desarrollo. Argumentó que, aunque las regiones tienen la capacidad de gestionar sus recursos de forma eficiente, el Estado central concentra el poder económico y limita el accionar local.
“El desarrollo regional requiere dinero e instituciones sólidas, pero ambos están centralizados en el gobierno nacional. Las transferencias a las regiones, como el Sistema General de Participaciones (SGP), están condicionadas y solo sirven para pagar gastos operativos (salud y educación), no para construir infraestructura.”, agregó que la desconfianza del gobierno central hacia los gobiernos territoriales impide que las regiones gestionen con libertad su propio desarrollo.
Sin embargo, a pesar de estas “limitaciones” desde lo regional se ha logrado demostrar la capacidad de gestión local con la eficacia en la inversión de sus propios recursos, con ejemplo palpables y visibles en la infraestructura que muestra Barranquilla y el Atlántico”
En sus alegatos, Verano señaló que desde la Constitución de 1991 se han intentado leyes para fortalecer el ordenamiento territorial, pero estas iniciativas han sido bloqueadas e ignoradas, tanto así que la LOOT tardó 25 años en aprobarse y no incluyo recursos reales para departamentos y municipios.
“Este histórico bloqueo a la descentralización y distribución inequitativa de recursos del gobierno central, conserva los ingresos fuertes (renta, banca, comercio) y a los territorios nos deja los ingresos débiles como son predial, licores y tabaco. Esto obliga a los gobiernos locales a depender de ingresos provenientes de los vicios, algo insostenible y contradictorio”, subrayó que las regiones deben luchar por su desarrollo con sus propios medios, enfrentando un sistema que las margina.
Voces desde la academia
Para el académico de la escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Andrés Rodríguez, la propuesta del Gobierno nacional sobre el aumento en el SGP en un porcentaje del 39,5% a departamentos y municipios, no es tan significativo si no se considera qué competencias se transfieren junto con los recursos.
“El porcentaje del 39,5% puede ser mucho o poco dependiendo del país con el que se compare. Lo importante no es cuánto se transfiere, sino para qué se transfiere.”
Señala que muchos procesos de descentralización en el mundo han fracasado porque se transfieren muchas responsabilidades sin los recursos suficientes y, lo que se transfiere está condicionado para destinaciones específicas como salud o educación, lo que reduce la autonomía real de los gobiernos locales.
Por su parte, Angela Penagos, representante de la Cepal, considera que en la transferencia de los recursos debe existir un enfoque integral que considere la transferencia de ingresos propios más allá de actividades como la venta de licor o cigarrillos; estimar una reforma tributaria real que le otorgue mayor capacidad fiscal a los entes territoriales. Adicional, tener en cuenta la construcción de un ecosistema institucional que priorice el ordenamiento territorial, la transformación productiva y la inclusión regional.
Otro punto a tener en cuenta es evitar discusiones fragmentadas dentro de la Ley de Competencias, por montos entre sectores sino centrarse en cómo cerrar las brechas territoriales con una visión clara y, por último, desarrollar las capacidades institucionales para no frenar la descentralización que es un proceso gradual.
Felipe Larenas, ponente chileno y miembro de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile, compartió la experiencia reciente de su país en descentralización, destacando que, aunque Chile inició este proceso más tarde que Colombia, ha avanzado rápidamente desde 2018, año en que se aprobaron reformas políticas y administrativas que rompieron con una fuerte tradición centralista, vigente desde tiempos coloniales (1784). Destacó dos avances que pueden servir como ejemplo para Colombia, como es el Proyecto de Ley “Regiones Más Fuertes”, elaborado en conjunto con los gobernadores y que busca ampliar la autonomía fiscal de los territorios. Así como el Impuesto territorial a la minería (royalty minero), que por primera vez distribuye recursos directamente a regiones y municipios. Este fondo se divide entre gobiernos regionales y municipalidades, con uso libre o compensatorio, permitiendo inversión local en infraestructura como centros de diálisis, recolección de residuos, entre otros.
Entre las conclusiones de los panelistas, la reforma al SGP y la ley de competencias representan una oportunidad histórica para avanzar en la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia, pero esto solo será posible con un entorno normativo, técnico y financiero que apoye el cierre de brechas sociales y el desarrollo desde los territorios, con protagonismo local y coherencia nacional.
