Autoridades intervinieron inmueble para preservar la sana convivencia
Fue una intervención integral con inspecciones de policía, comisarías de familia, Secretaría Distrital de Salud, Personería de Barranquilla, Fiscalía, Policía Ambiental, y fundaciones animalistas.
Una intervención integral, con inspecciones de policía, comisarías de familia, Secretaría Distrital de Salud, Personería de Barranquilla, Fiscalía, Policía Ambiental, y fundaciones animalistas, se efectuó en la vivienda ubicada en la carrera 46 # 93 – 65, respondiendo a quejas presentadas por los vecinos sobre comportamientos contrarios a la convivencia.
“Para la Alcaldía de Barranquilla es prioridad escuchar a la comunidad. Este trabajo en equipo se hizo con todos los protocolos legales y en conjunto con entidades relacionadas con estos temas”, dijo el secretario distrital de Gobierno, Clemente Fajardo Chams.
Denuncias de la comunidad
De acuerdo con el informe de la diligencia, a cargo de la Inspección 9 de Policía Urbana, las residentes en el inmueble, Sonia Baraque Vadalá, de 80 años, y su hija Ana María Vadalá, de 50 años, respondieron con actitud agresiva, lanzando aguas negras, piedras y botellas de vidrio, al equipo interdisciplinario que intentó dialogar con ellas, ante lo cual fueron trasladadas a una clínica de la ciudad para que fueran atendidas y pudieran regresar a su hogar al término de la intervención.
Se evidenciaron malas condiciones de salubridad con una gran cantidad de acumulación de objetos.
“Hicimos un procedimiento preventivo, en forma articulada con entidades de la Alcaldía y otras instituciones, no para desalojar a las ocupantes sino para saber en qué condiciones se encontraban, brindarles la colaboración necesaria y la asistencia médica que requieran, y también para velar por la tranquilidad de los ciudadanos por denuncias de perturbación que se vienen haciendo desde el 2014”, afirmó el inspector 9 de Policía Urbana, Augusto Amaya. “Llegamos en forma pacífica y recibimos los ataques de estas señoras contra funcionarios y fuerza pública”, agregó.
Luego de ingresar al inmueble, con el apoyo de las fundaciones animalistas y de la Policía Ambiental, se encontraron 33 gatos y 22 perros, en malas condiciones de habitabilidad.
“No se ha efectuado ningún desalojo, intervenimos la condición infrahumana, queda abierto un proceso de intervención familiar, a cargo de una comisaría, ya contactamos a los hijos y otros familiares, pero ninguno quiere hacerse responsable porque dijeron que no tienen buenas relaciones con ellas”, manifestó la inspectora 14 de Policía Urbana, Carolina Novoa. La funcionaria confirmó que “hay una situación de maltrato animal y la ley no permite una tenencia irresponsable de animales”.
Veterinarios estuvieron presentes
El médico veterinario de la Fundación de Cuidado Animal-Funcuan-, Alberto Escobar, señaló que al ingresar a la vivienda encontraron animales en malas condiciones físicas y de salud: “Había gatos amarrados por el cuello, algunos de ellos estaban ahorcándose. Se pudo determinar que la casa no cuenta con las condiciones de habitabilidad para los animales porque se encontraron excrementos por todas partes, siendo poco higiénicos con las mascotas. El paso a seguir es que estos animales reciban atención veterinaria con laboratorios para determinar qué tipo de enfermedades presentan y, posteriormente, ser reubicados”.
Los animales recibirán tratamiento veterinario para saber en qué condiciones están.
A su turno, Paula Pineda, una de las integrantes del cuerpo de investigación del grupo GELMA, de la Fiscalía General, quien hacía parte del equipo interdisciplinario que atendió la situación, confirmó: “Aquí evidenciamos condiciones pésimas de salubridad, acumulación de objetos y excrementos. En cuanto a los animales, los perros estaban en mejores condiciones físicas que los gatos, estos últimos son los que están en mal estado. Las condiciones de la vivienda no están aptas para vivir”.
El proceso tendrá un seguimiento por parte de la autoridad competente. “Somos respetuosos de la situación interior de esta familia, pero hay necesidad de la intervención de la comisaría de familia, que es la entidad competente para proteger los derechos de todos en este caso”, señaló la inspectora Carolina Novoa.