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El Heraldo-Movilidad alerta que Distrito dejaría de recaudar $2 mil millones al año
El proyecto de ley pretende modificar el Código Nacional de Tránsito y entregar a particulares los cursos.
La acreditación que recibió la Secretaría Distrital de Movilidad por parte del Ministerio de Transporte, con la que lo ratifica como el organismo autorizado para dictar los cursos pedagógicos por infracciones a las normas de tránsito, fue recibida con beneplácito por el secretario de Movilidad, Jaime Pumarejo; sin embargo, para el funcionario este tema podría verse empañado por una decisión del poder legislativo colombiano que le quitaría a las Secretarías esta función.
“Estamos muy contentos de que el Ministerio nos haya entregado esta certificación para seguir dictando los cursos. Pero, ya nos enteramos que cursa una propuesta en el Congreso con la que quieren revivir la prohibición a las entidades públicas para prestar el servicio del Centro Integral de Atención, CIA. No lo están haciendo de una manera expresa, sino que de una forma sutil están proponiendo que las entidades privadas manejen el servicio.
Es decir, lo que no estaría permitido expresamente para el servidor público estaría prohibido, por ende quedaríamos a la deriva y le estaríamos entregando esos recursos del Estado a particulares.
Algo a lo que nos oponemos rotundamente”, afirmó Pumarejo.
De acuerdo con el Secretario de Movilidad, la lucha frente a este tema la iniciaron en la administración anterior hace más de un año, cuando se detectaron ciertas “anomalías que estaban ocurriendo desde el Congreso para tratar de quitarle a las Gobernaciones y Alcaldías que tienen autoridades de tránsito la posibilidad de tener estos ingresos. Hasta hace 18 meses la ley anterior obligaba a que fueran dictados por un privado y no por la entidad pública; fue un embeleco que hicieron y que logramos tumbar después de que los secretarios de las principales capitales del país hicimos reuniones con el exministro de Transporte, Germán Cardona, y enviamos cartas al Presidente para advertir este problema, que finalmente con la Ley Antitrámites se cayó esa distinción entre privado y público, con el fin de que este último pudiera prestar el servicio”, explicó Jaime Pumarejo.
Asimismo, el funcionario hizo énfasis en que, de pasar el proyecto de ley en el Congreso, la Secretaría de Movilidad del Distrito dejaría de percibir unos 2 mil millones de pesos anuales, recursos que recibe en promedio por cursos pedagógicos. “Cuando llegamos a la administración en el 2008 esos 2 mil millones de pesos estaban concesionados a través de un contrato a largo plazo con una empresa. Logramos recuperar esos recursos para el Distrito, que se reinvierten en movilidad, y por eso hoy tenemos una Secretaría fortalecida”.
Pumarejo agregó que, si bien este proyecto de ley aún no se ha llevado a debate, ya están alertando al Ministerio de Transporte y a los congresistas costeños para que conozcan de antemano las implicaciones y “cuando vayan a votar esta iniciativa la hundan en el primer debate”. Sostuvo que es absurdo que por los intereses particulares “no muy santos” que siempre hay alrededor de estos temas sean terceros quienes se dediquen a dictar cursos, que ya vienen dictando técnicos de la Secretaría en el CIA.
Señaló que su propósito es decirle a la ciudadanía que esa ley atenta contra los municipios que tienen autoridad de tránsito como Barranquilla. “En el 2008, desmontamos Metrotránsito y sería el colmo que permitiéramos que existiera un nuevo privado que nos quitara estos dineros del erario público”, aseveró.
Por Liz Held Casalins